Miles de personas volvieron a marchar este sábado en Francia contra el encarecimiento del coste de la vida y contra un proyecto de ley que refuerza la protección legal de los policías que hacen uso de sus armas. Es el quinto sábado consecutivo de protestas, un ciclo nacido de los bloqueos de institutos a finales de septiembre, en la antesala de las presidenciales de 2027.
El Ministerio del Interior había previsto entre 50 y 60 manifestaciones en todo el país, según dijo su titular, Laurent Nuñez, a la cadena LCI. El Gobierno desplegó alrededor de 70.000 policías y gendarmes, el mismo dispositivo que mantiene desde el 24 de octubre, y unidades móviles para responder a posibles incidentes.
La jornada transcurrió en buena parte en calma, aunque hubo tensiones al final de varias marchas. En París, el cortejo partió de la plaza de la República hacia la de la Nación, con paso por la Bastilla y un recorrido pensado para que las familias pudieran retirarse antes del final. A la convocatoria estudiantil se sumaron este sábado la coordinación de los «chalecos amarillos», sindicatos, colectivos de defensa de la infancia y organizaciones contrarias a la violencia policial.
Las cifras de participación, como es habitual, difieren según la fuente. El Ministerio del Interior contabilizó 106.000 manifestantes en toda Francia, 24.000 de ellos en París. La intersindical juvenil elevó el total a 200.000 personas en el país y cerca de 100.000 en la capital. El sábado anterior, esas mismas fuentes habían contado 146.000 y 250.000, respectivamente.
Qué se sabe
La Prefectura de Policía informó de que la mayor parte del cortejo llegó a la plaza de la Nación «sin incidentes mayores», aunque un pequeño grupo lanzó proyectiles contra los agentes en la calle de Chaligny y fue dispersado con gases lacrimógenos. Según el Ministerio del Interior, a las 17.00 horas había 121 detenidos en todo el país. La Fiscalía de París precisó que 22 de esas detenciones se practicaron en la capital, tres de ellas de menores, sobre todo por porte de armas de categoría D, insultos y quebrantamiento de prohibiciones de manifestarse.
Las reclamaciones son diversas: poder adquisitivo, salarios, servicios públicos, enseñanza, protección de la infancia y rechazo a la violencia policial. El lycée Bréquigny de Rennes, el mayor instituto de Bretaña, con 3.000 alumnos, permanecerá cerrado hasta el 20 de noviembre tras los incidentes del jueves, cuando un grupo vandalizó el centro.
El punto de mayor confrontación es la proposición de ley que presume legítimo el uso de las armas por las fuerzas del orden. Sus detractores sostienen que equivale a un «permiso para matar», porque dificultaría exigir responsabilidades a los agentes: en Francia, la mayoría de las causas por violencia policial rara vez llegan a los tribunales. Sus defensores dicen que evita que un policía quede bajo sospecha cada vez que dispara. La Asamblea Nacional ya la aprobó y el texto pasa ahora al Senado, con el respaldo del partido de extrema derecha Agrupación Nacional.
Qué falta
El movimiento no tiene una dirección única ni una lista común de exigencias, y esa dispersión explica que el Gobierno responda con despliegue policial antes que con concesiones. Los sindicatos han convocado una nueva jornada de huelgas y manifestaciones para el martes.
Queda por ver si la movilización se sostiene y si el Senado modifica el texto. El quinto sábado deja marchas numerosas y dispersas, sin incidentes graves pero con detenidos, y un descontento que une inflación, pérdida de poder adquisitivo y desconfianza hacia la policía.
